La deportación en marzo de más de 200 presuntos pandilleros de Venezuela a una prisión de máxima seguridad en El Salvador por parte del presidente Donald Trump se ha convertido en un punto crítico en el uso que hace su gobierno de los poderes de tiempos de guerra para expulsar migrantes.

Los abogados de los deportados afirman que la operación del 15 de marzo eludió el debido proceso y detuvo a personas que no forman parte de las bandas. La Corte Suprema está a punto de pronunciarse sobre la forma en que la Casa Blanca ha intentado aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, que anteriormente solo había sido invocada por los presidentes en tiempo de guerra.

Un equipo de reporteros de The New York Times revisó expedientes judiciales y documentos gubernamentales y entrevistó a funcionarios y abogados de los deportados y sus familiares para reconstruir la manera en que Estados Unidos consiguió el acuerdo con El Salvador y aprovechó la ley para potenciar sus esfuerzos de deportación.

A continuación se presentan cinco conclusiones.

El presidente de El Salvador presionó a EE. UU. para que garantizara que los deportados tenían vínculos con bandas

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha defendido al presidente Trump y su programa de inmigración y ha celebrado públicamente la llegada de los deportados de Estados Unidos. Pero entre bastidores, Bukele expresó su preocupación sobre a quién enviaba Estados Unidos para ser encarcelado en su nuevo Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT, según personas familiarizadas con la situación y documentos obtenidos por The New York Times.

Durante las negociaciones, Bukele dijo a los funcionarios estadounidenses que solo aceptaría a lo que describió como “delincuentes convictos” de otros países. Dejó claro que no quería inmigrantes de otras naciones cuyo único delito fuera estar ilegalmente en Estados Unidos.